Las Islas Malvinas se encuentran en una situación diferente: no son el caso colonial clásico. En 1833, de facto y de jure, pertenecían a la República Argentina, eran gobernadas por autoridades argentinas y estaba habitada por ciudadanos argentinos.

Estas autoridades fueron expulsadas mediante un acto de violencia y no se les permitió permanecer en el territorio, ni en sus casas, ni en sus trabajos.

Vale recordar, que una gran cantidad de argentinos se vio obligada a abandonar las Islas Malvinas después del ataque de 1832. Ellos y todos los argentinos- contrariamente a lo que dicen las autoridades británicas- fueron reemplazados, durante estos años de usurpación, por una administración colonial y una población de origen británico.

Por lo tanto no hay “un pueblo sometido a la subyugación, dominación y explotación extranjeras“, como lo requiere la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su lugar, hay una población temporal formada por colonos británicos que ocupa la tierra. Esto no puede ser utilizado por la potencia colonial para reclamar el derecho de aplicar el principio de la autodeterminación de los pueblos. El principio fundamental de la autodeterminación no debe utilizarse con el fin de transformar una posesión ilegal en plena soberanía, aprovechando el manto de la protección que otorga Naciones Unidas. Permitir que los colonos británicos en las islas decidan sobre una disputa de soberanía – en la cual su país es parte -, distorsionaría el muy noble espíritu de la autodeterminación de las personas que SI sufren el colonialismo.

Los habitantes de las islas son súbditos británicos que han permanecido en las islas bajo la protección de una política migratoria estricta, que ha discriminado sistemáticamente contra los argentinos continentales. El acto unilateral que sólo el Reino Unido se describe como un “referéndum” estaba dirigido a los habitantes que el Reino Unido estableció en las Islas Malvinas. Fue pensado para preguntarles sobre una cuestión que pasa por alto la verdadera situación jurídica de las Islas.

El resultado fue predecible y confirmó que los sujetos en cuestión son británicos. Ello no modifica la naturaleza colonial de la cuestión ni no puede poner fin a la disputa. Contrariamente a lo que afirma el Reino Unido no hubo “observadores internacionales”, sino ocho individuos que actuaron a título exclusivamente personal. Ni las Naciones Unidas, ni ningún otro organismo internacional reconocieron este acto ilegal. Después del referendo, las NN.UU. y varios organismos internacionales continuaron pidiendo a la Argentina y al Reino Unido resolver la disputa de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General.

Las organizaciones regionales Mercado Común del Sur (Mercosur), Unión Sudamericana (Unasur) y Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) rechazaron el “referéndum” y reiteraron su apoyo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía.

Advertisements